Claves sobre las condiciones de vida que arroja el informe de HumVenezuela

Como consecuencia de las privaciones económicas, al menos 9,3 millones de personas (32,1 %) realizó algún tipo de trabajo informal de escasos ingresos y alrededor de 5 millones (17,3 %) se empleó en trabajos riesgosos para su vida, integridad y seguridad, incluyendo actividades ilícitas de explotación, en todas sus formas, trata y tráfico humano, entre otros

El más reciente informe de la escala y severidad de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) en Venezuela, para el período de marzo 2022 a noviembre 2023, elaborado por HumVenezuela, producto de un proceso sistemático de recolección, procesamiento y análisis destaca que la EHC ha seguido su curso y, como consecuencia de las privaciones económicas, 20 millones de personas (69,6 % de la población encuestada para este estudio) se encontraba en pobreza multidimensional.

El informe recoge un gran volumen de datos primarios y secundarios, procedentes de un sistema de monitoreo, documentación y uso de instrumentos de recolección en terreno, incluyendo una encuesta de hogares aplicada entre los meses de julio/agosto de 2023 en 20 de los 24 estados del país por organizaciones de la plataforma.

Vale destacar que el período de análisis de este informe, desde marzo 2022 hasta noviembre 2023, transcurrió entre expectativas de recuperación económica, a raíz de un crecimiento leve del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022, y nuevos retrocesos ocurridos en la economía durante 2023.

En ese lapso la pobreza continuó afectando a la población de manera generalizada. En un total estimado de 28,8 millones de personas residentes en Venezuela, el 94,4 % se encontraba en pobreza sin ingresos disponibles, equivalentes en dólares, para adquirir una canasta básica de bienes y servicios esenciales para un promedio de 3 personas por hogar. 

Pero que más revela el monitoreo:

  • La mediana de los ingresos de los hogares fue de 102,5 dólares mensuales hasta agosto de 2023, lo cual representaba apenas 12,8 % del costo de una canasta de bienes y servicios básicos, con precios que oscilaron entre 700 y 900 dólares mensuales al final del año. 
  • Para 76,4 %, los ingresos no alcanzaban para adquirir una canasta básica de alimentos, situándose en pobreza extrema
  • Como consecuencia de las privaciones económicas, al menos 9,3 millones de personas (32,1 %) realizó algún tipo de trabajo informal de escasos ingresos y alrededor de 5 millones (17,3 %) se empleó en trabajos riesgosos para su vida, integridad y seguridad, incluyendo actividades ilícitas de explotación, en todas sus formas, trata y tráfico humano, entre otros. 
  • Dentro de este total de población, 20 millones de personas (69,6 %) se encontraba en pobreza multidimensional, con apremiantes necesidades económicas por la falta de ingresos y necesidades sociales esenciales, por privación del acceso a los alimentos, la salud, el agua potable, el saneamiento, la educación, transporte público y otros servicios básicos de la vivienda (electricidad, gas doméstico, comunicaciones). 
  • En cuanto a los servicios encontró que 17.851.029 (61,9 %) personas tuvieron fallas severas de electricidad: 14.246.217 (49,4 %) problemas severos de transporte público; 10.468.374 (36,3 %) presentaron fallas severas con la telefonía móvil; 10.492.862 (36,9 %) con el gas doméstico.
  • El documento también revela que las personas en riesgo alto de desastres en su comunidad fueron 12.977.323 (45,0 %).
  • Cita que los ciudadanos que recurrieron a trabajos informales precarios fueron 9.257.157 (32,1 %), a trabajos riesgosos 4.989.060 (17,3 %); que hubo personas que han sido víctimas de abuso o violencia, 7.151.947 (24,8 %); que la intención de  emigrar la encontraron en 3.864.358 (13,4 %) personas .
  • La pobreza multidimensional afectó al 69,6 % de la población en 2023, estimada en 28,8 millones de personas. Esta pobreza está caracterizada por severas privaciones concurrentes, en las cuales la reducción de los ingresos y su bajo poder adquisitivo, además de las fallas severas de acceso continuo a servicios básicos tuvieron contribuciones significativas. 
  • Hasta agosto de 2023, los hogares reportaron una mediana de ingresos equivalente a 102,5 dólares mensuales. Estos ingresos representaban apenas 3,4 dólares al día y menos de un 1 dólar por persona al mes, con los cuales los hogares debieron afrontar gastos esenciales a costos superiores en más de un 80 %. 
  • De igual modo, el 68,2 % de la población enfrentó mayores deficiencias e interrupciones de los servicios básicos de la vivienda, incluyendo electricidad, agua potable y gas de uso doméstico, además de constantes dificultades de acceso a medios de transporte, comunicaciones e información, que profundizaron las malas condiciones de vida. 
  • Entre los años 2022 y 2023, la población que manifestó estar recibiendo bonos de ayuda del Estado: subió de 50,1 % a 55,2 %. Estas transferencias fueron la segunda fuente de ingresos de los hogares, casi a la par de las ganancias propias, que fueron las primeras, y por encima de las remuneraciones, ubicadas en tercer lugar. Con un valor estimado de 4,5 dólares mensuales, los bonos representaron apenas 4,4 % de los ingresos familiares y al final del año superan el valor oficial de salario mínimo. 
  • También creció el número de personas con acceso a remesas del exterior, de 11 % a 13 %, como forma de compensar el escaso valor de los ingresos. El mayor número de personas que reciben bonos y remesas no reduce la pobreza, que continúa estancada debido a la constante pérdida de medios de vida. 
  • En 2023, continuó cayendo la ocupación, formal e informal, de 48 % a 49,7 %. También subió la proporción de personas que perdió sus medios de vida de forma irreversible, de 65,2 % a 69,7 %, y sus fuentes de ingresos, de 54 % a 65 %. A finales de 2023, los salarios habían perdido 98,8 % de su valor, llevando a que más personas se dedicaran al comercio o servicio informal, con ingresos que alcanzan solo para cubrir algunos gastos del día. 
  • En 10 de los 20 estados, entre 30 % y 40 % de las personas realizó trabajos informales precarios; 11,3 % de manera frecuente. 
  • La inseguridad de la población por exposición a incidentes de violencia contra las personas o sus bienes en los entornos comunitarios ha disminuido. En 2020 afectaba al 51,9 % y, en 2023, el 41 % de las personas en los hogares encuestados identificaron la inseguridad como uno de los riesgos más altos para sus vidas e integridad. Encontrarse asediados por la inseguridad genera aislamiento y ruptura del tejido social para afrontar dificultades o adversidades comunes en el contexto de la EHC. Aún con esta disminución, de 23,7 % a 24,8 % aumentó la proporción de personas que fueron víctimas de actos de abuso y/o violencia por parte de terceros entre 2022 y 2023. En el 39,9 % de los casos, las personas atribuyen los actos a funcionarios y, en el 26,2 %, a grupos de delincuencia o armados. El 56,6 % de los actos se notificó o denunció a instituciones u otros actores de apoyo. Igualmente, en los casos de violencia monitoreados en el país por distintas organizaciones de la sociedad civil, los niveles de letalidad en los actos de violencia registrados han venido disminuyendo durante los últimos años, a pesar de que las amenazas forman parte de los problemas cotidianos en las comunidades, a nivel social, estatal y paraestatal
  • Hasta 2023, la tasa de personas fallecidas por causas violentas, incluyendo homicidios y muertes relacionadas con la actuación de fuerzas del orden, bajó de 40,4 a 26,815. También se ha registrado un descenso en el número de personas asesinadas por cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, los actos de privación arbitraria de libertad, incluyendo las desapariciones forzadas, se han mantenido, dentro de un sistema de puerta giratoria en la cual tras algunas liberaciones se producen nuevas detenciones o desapariciones.
  •  No existen datos actualizados sobre el déficit de viviendas en el país. A partir de estimaciones de 2017, podría alcanzar un 25,4 % a nivel nacional. Las condiciones físicas de las viviendas han estado sometidas a un fatigante deterioro por años, sin mantenimiento regular, que las familias no pueden resolver por falta de recursos o porque los problemas están asociados al deterioro general de la infraestructura urbana. En los 20 estados del país donde se llevaron a cabo encuestas, 39,4 % de los hogares manifestó la necesidad de realizar reparaciones y/o la rehabilitación de sus viviendas por sus condiciones frágiles. A esto se suma que 24,4 % también indicó la necesidad de viviendas nuevas y 31,3 % de bienes y enseres que han perdido por las fallas de electricidad y/o por desastres. Un dato relevante de los resultados de las encuestas fue que 45 % de los hogares identificó los desastres como el segundo riesgo más alto para sus vidas, después de la inseguridad, en los entornos comunitarios. Entre las amenazas de desastre con mayor probabilidad y distribuidas en distintas combinaciones de incidencia en cada uno de los estados, los hogares indicaron: las inundaciones (24,5 %), los deslaves o deslizamientos de tierra (18,2 %), las epidemias (12,8 %), las sequías (9,7 %) y los incendios (4,1 %), entre otros.
  • Los estados más vulnerables a estos desastres, incluyendo los impactos de las olas de calor, fueron Apure (96,9 %), La Guaira (68,6 %), Yaracuy (57,3 %), Zulia (57,3 %) y Táchira (54,8 %).
  • Tomando como referencia el último dato de agosto 2023 de 7,7 millones de personas en migración forzada fuera del país desde el año 2015, y los resultados de las personas migrantes y refugiadas reportadas en los diagnósticos comunitarios de HumVenezuela entre los años 2021 y 2023, se estima que el desplazamiento de personas venezolanas hacia otros países representa el 25 % de la población que existía en 2015. 
  • Los estados donde los hogares reportaron mayor número de migrantes hacia otros países son Táchira, Falcón, Aragua y Zulia. Un segundo grupo lo componen Carabobo, Trujillo, Anzoátegui y Mérida, y uno tercero está integrado por Bolívar, Apure, Lara y Sucre. 
  • El desplazamiento hacia dentro del país se estima alrededor de 4 %. La intención de emigrar aumentó de 8 % a 13,4 %, entre los años 2022 y 2023, lo cual equivale a un estimado de 3,9 millones de personas en total, de las cuales 2,8 millones tenía la intención de mudarse a otro país (9,8 %) y más de 1 millón a otros estados o 
  • municipios del mismo estado, dentro del país (3,6 %). La mayoría de las personas relacionan sus motivos de migración con las necesidades de mejorar los ingresos (71,5 %) y/o conseguir mejores puestos de trabajo (45,7 %), pero también destacan las necesidades de reunificación familiar (25,6 %), el acceso a servicios de atención a la salud y medicinas (13,7 %) y el acceso a combustible (10,7 %). Sin embargo, el 92,2 % de las personas manifestó dificultades para llevar a cabo la migración; el 77,7 % por limitaciones económicas, el 37,5 % por la falta de documentos, y más de 12 % por no contar con un traslado seguro o con una vivienda a la cual poder llegar en los países o lugares de destino. 

Texto: Mabel Sarmiento

Lea el informe completo:

Descargar (PDF, Desconocido)

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