Mujeres víctimas de la persecución y la criminalización en Venezuela

(Mayo 2022)

Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) hemos realizado un monitoreo de la aplicación de patrones de persecución y criminalización en Venezuela desde el año 2014. Pero ha sido a partir del 2021, como consecuencia de la agudización de la crisis en derechos que persiste en Venezuela, que este monitoreo se realiza de forma mensual. Esta periodicidad nos ha permitido evidenciar el ejercicio de determinados patrones de persecución y criminalización por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra las mujeres venezolanas que han sido recogidos en el informe «Mujeres víctimas de la persecución y la criminalización en Venezuela».

73 casos documentados

De la totalidad de los 818 casos de persecución y criminalización registrados durante el año 2021, 73 ocurrieron contra mujeres, 211 contra hombres y 534 casos no han podido disgregarse por género.

En los 73 casos de persecución y criminalización contra mujeres pudimos identificar los siguientes grupos de víctimas:  42 trabajadoras de la comunicación, 14 mujeres vinculadas con la política, seis ciudadanas y activistas sociales, nueve familiares de alguna víctima de persecución y/o criminalización y dos defensoras de derechos humanos.

Patrones de persecución y criminalización

También pudimos enmarcar los casos documentados en los siguientes patrones: 36 casos de intimidación, hostigamiento y amenazas; 14 detenciones arbitrarias; 10 impedimentos de registrar un hecho noticioso; cinco  actos de violencia, tres inhabilitaciones políticas; un allanamiento de vivienda y cuatro medidas cautelares de prohibición de salida del país.

Si bien el informe no tiene como finalidad abordar las violencias basadas en el género, o afirmar que en Venezuela existe una persecución política por motivos de género, no es menos cierto que el ejercicio de los patrones que han perseguido y criminalizado a las mujeres víctimas entraña una discriminación estructural, en donde se exacerba la violencia basada en el género, es por ello que los hombres y las mujeres no son perseguidos y criminalizados de la misma forma.

La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en sus conclusiones presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos en el año 2020, aseguró que las violaciones y los delitos que la Misión analizó, incluyendo los actos de persecución y criminalización, han afectado de manera diferente a las mujeres, debido a los roles de género subyacentes, las desigualdades y los estereotipos patriarcales que enfatizan a la mujer dentro de la esfera doméstica y que sexualizan a las mujeres jóvenes fuera de este rol.

Como víctimas directas, las mujeres que son perseguidas y criminalizadas reciben otro tipo de ofensas en razón de su género. Por ejemplo, la Misión ha podido documentar casos en los que las mujeres detenidas son obligadas por funcionarios del Estado a mantener relaciones sexuales a cambio de bienes y privilegios. Estas mujeres además no tienen acceso a salud sexual y reproductiva, exámenes médicos ni anticonceptivos. En los interrogatorios de las mujeres detenidas también se desarrollan actos de violencia sexual. La Misión documentó que funcionarios del SEBIN han amenazado a las mujeres de violarlas durante los interrogatorios.

Como víctimas secundarias, las mujeres familiares de presos políticos cuando acuden al centro penitenciario para poder acceder a la visita en muchas ocasiones deben desnudarse y son sometidas a actos degradantes por los funcionarios de seguridad. Esto es una acción recurrente que también ha sido documentada por la Misión.

Otro caso en donde las mujeres han sido víctimas secundarias es en los procesos de desalojo a las personas familiares de sus hogares para detenerlos. En estos casos la Misión logró determinar que las mujeres han sido golpeadas, arrastradas o maltratadas, incluso han recibido insultos de género.

Por su parte, la Alta Comisionada ha podido documentar un número creciente de detenciones arbitrarias de familiares, particularmente de mujeres, de presuntos opositores políticos. Sin tener acceso a abogados/as, son interrogadas sobre el paradero de sus familiares y, en algunos casos, son maltratadas y torturadas.

Fuente: Noticias CEPAZ

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