Venezuela: paralización del acceso a la justicia durante el covid-19

(04/08/2020)

A raíz del Decreto de Alarma por la pandemia del COVID-19, se ha limitado severamente el acceso a la justicia y los Tribunales del país están de puertas cerradas.

Respecto a la justicia penal, solamente se conocen los casos referidos a la privación de libertad bien sea por orden judicial o flagrancia.

En materia de amparo constitucional, para conocer de violaciones de derechos humanos que requieran incluso medidas cautelares para evitar daños mayores o procurar el cese de la violación, en el estado Mérida no hay atención.

En la Unidad de Recepción de Documentos (URD) del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, en materia de amparo penal, sólo se reciben y procesan solicitudes de habeas corpus, que involucran el derecho a la libertad personal y que procesan de manera inmediata.  Otros amparos en materia penal se reciben pero no se procesan. En relación con los amparos en materia civil, agraria, mercantil, administrativa, la URD recibe estas solicitudes y contacta a los jueces a cargo de los respectivos Tribunales a fin de que pasen a retirar las solicitudes. Sin embargo, una fuente del Circuito Judicial Penal, que pidió preservar su anonimato, señaló a este Observatorio, en fecha 8 de julio,  que hasta los momentos los jueces no han pasado a retirarlas.

En el Circuito Judicial Penal del estado Mérida se niega información y la entrada a los abogados, excepto si se trata de consignación de habeas corpus.

En relación con esta inactividad de la Defensoría del Pueblo, desde el 31 de marzo de 2020 a la fecha, el ODHULA —atendiendo las denuncias recibidas a través de los diferentes medios de los que dispone para tal fin— ha efectuado un total de 10 denuncias y 15 ratificaciones de la mismas ante la Defensoría del Pueblo, todas ellas relativas a  la situación de servicios públicos básicos como agua, electricidad, internet, y acceso a combustible en los municipios Libertador y Campo Elías del estado Mérida; asimismo, se interpuso una denuncia relacionada con la situación de los reclusos en el Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA), quienes exigían acceso a medicamentos y alimentos; de igual modo, se interpuso denuncia por la grave restricción al Laboratorio de Microbiología de la Universidad de Los Andes en la dotación de equipos y material necesario para realizar las pruebas de verificación y descarte del virus COVID-19 en el estado Mérida, pero de estas acciones intentadas sólo se ha recibido una respuesta por parte de la Defensoría del Pueblo.

En este informe se evidencia un severo retroceso en la garantía al acceso oportuno y efectivo a la justicia.

Para ver el informe:

Descargar (PDF, 1.24MB)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *