(03/06/2019)
Las duras políticas de drogas han estimulado el uso excesivo de la prisión preventiva en América Latina, lo que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, que pueden pasar meses o incluso años encerradas por delitos no violentos relacionados con las drogas antes de llegar a un tribunal.
Así lo revela un nuevo informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) y Dejusticia, que da cuenta cómo, con pocas excepciones, en toda América Latina una proporción mayor de mujeres que hombres espera un juicio tras las rejas.
En Colombia, por ejemplo, mientras el porcentaje de mujeres en prisión preventiva es del 35 %, la de hombres es del 32 %. La tendencia es incluso más compleja en países como México, donde el 53.5% de las mujeres encarceladas se encuentran en prisión preventiva (respecto al 33,8% de los hombres), y Argentina, donde la proporción es del 59.4% en las mujeres y 44.3% en hombres.
Además, en muchos países, una proporción de estas mujeres están encerradas por delitos de drogas no violentos. En países como México, el porcentaje de mujeres en prisión preventiva es aproximadamente un 20 % más alto que para los hombres. En Perú, Ecuador, Argentina y Bolivia, alrededor de la mitad de las mujeres en prisión preventiva están encarceladas por delitos de drogas. En Colombia, el porcentaje de mujeres en esta situación (44.6 %) es más del doble que el de varones (20.3 %).
De acuerdo con el informe, la prisión preventiva tiene consecuencias adversas para las mujeres. El encarcelamiento de madres solteras que son jefas de familia tiene un impacto particularmente severo para quienes dependen de los ingresos y las responsabilidades de estas mujeres para la provisión de cuidados a otras personas. En ausencia de sólidas redes de protección social, las personas dependientes pueden quedar expuestas a situaciones de abandono y mayor marginalización.
Además, las mujeres padecen por la falta de centros penitenciarios exclusivos para mujeres, infraestructura penal inadecuada para el desarrollo de sus relaciones madre-hijas e hijos, condiciones insalubres, falta de atención médica específica para personas de su género, y sometimiento a varias formas de violencia, incluyendo abuso sexual por parte del personal penitenciario.
Se necesitan reformas
Por eso, el informe subraya la necesidad crítica de los formuladores de políticas en toda la región de reformar las estrictas leyes sobre drogas y restringir el uso obligatorio de la prisión preventiva.
“Las leyes de drogas agresivas están llenando las prisiones de América Latina con mujeres, muchas de las cuales se ven obligadas a dedicarse al narcotráfico porque tienen pocas opciones para apoyar a sus familias”, dijo la asociada del Programa WOLA y autora del informe Teresa García Castro. “Estas mujeres a menudo pasan años en prisiones superpobladas esperando ver a un juez, con consecuencias devastadoras para sus familias y para la comunidad en general”.
“Los responsables políticos de América Latina deben reconocer que encerrar a un gran número de mujeres para que esperen el juicio por delitos de drogas no violentos de bajo nivel no crea comunidades más justas, justas o seguras”, añade Marie Nougier, directora de Investigación y Comunicaciones del IDPC.
Si bien muchos países latinoamericanos han tomado medidas en los últimos años para reducir el uso excesivo de la prisión preventiva, estas medidas siguen siendo inadecuadas. El informe recomienda numerosas reformas, incluida la adopción de restricciones legales para limitar su uso a casos excepcionales, la promoción de alternativas sin custodia y la eliminación de la obligación de imponer la prisión preventiva por cualquier tipo de delito, incluidos los delitos relacionados con las drogas. Todas estas medidas deben incorporar un enfoque específico de género para aliviar el impacto desproporcionado de la prisión preventiva en las mujeres. Una propuesta es prohibir el uso de la prisión preventiva para mujeres embarazadas o mujeres con dependientes, junto con otras recomendaciones de políticas.
“Según el derecho internacional, la prisión preventiva solo debe usarse como último recurso, pero los sistemas de justicia en América Latina continúan empleándola con demasiada frecuencia y con frecuencia de manera arbitraria”, señala Luis Felipe Cruz, investigador de Dejusticia. “Abordar este problema debe implicar la reforma de las severas leyes de drogas que impulsan las tasas de encarcelamiento en toda la región, al tiempo que se reconoce que las mujeres son las más afectadas por estas políticas injustas”, concluye.
Prisión preventiva en ascenso
Además de la situación particular de las mujeres, el informe muestra que durante las últimas dos décadas, el número de personas en situación de prisión preventiva en América Latina se ha incrementado en cerca del 60 %. De hecho, la región es la que presenta el mayor número de personas encarceladas sin recibir condena, con un promedio de 36.3 % de su población carcelaria.
Con la excepción de Chile, todos los países latinoamericanos estudiados han experimentado un aumento del número de personas en situación de prisión preventiva. En Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela, la población en prisión preventiva ha crecido en más del doble.
Colombia se ubica en la posición 15 en términos porcentuales: nuestro país tuvo un incremento del 88,2% en el uso de prisión preventiva entre 2000 y 2018.
Los efectos de esta tendencia son nefastos para el sistema carcelario. La prisión preventiva es la principal causa del hacinamiento en las prisiones de América Latina, y las condiciones inhumanas de la prisión conllevan a que las personas acusadas se concentren en sobrevivir el tiempo que les toca pasar tras las rejas o contemplen llegar a acuerdos de reducción de pena con la fiscalía, en lugar de preparar su defensa.
Además, detalla el informe,con frecuencia, el acceso a un abogado y a información sobre sus casos es mucho más limitado si la persona acusada se encuentra detenida, lo cual afecta su capacidad para prepararse para el juicio. Por consiguiente, no es sorprendente que, las personas en situación de prisión preventiva tengan menores probabilidades de ser exculpadas que quienes permanecen en libertad antes de ser juzgados.