Población joven venezolana está en extrema pobreza laboral, según estudio de AMAVIDA y ACCSI

98% de 532 encuestas aplicadas reveló que percibían sueldos o ingresos que no superaban los cinco salarios mínimos nacionales, menos de 1,90 US$ diarios.

Esos datos son parte del resultado de un estudio que se apega a los lineamientos estipulados en el plan operativo del proyecto intitulado “Fortalecimiento de las capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC, que trabajan con poblaciones excluidas en Venezuela”, que desarrollan conjuntamente la Asociación Civil Manantial de Vida Pro Defensa de los Derechos, Humanos (AMAVIDA), y Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI), bajo el auspicio de los programas de cooperación regionales y temáticos que la Unión Europea (UE) mantiene con las OSC de Venezuela.

 Los mismos serán presentados este miércoles 12 de febrero en el Salón de Conferencia del Hotel Chacao Suites de 9:30 am. a 12:30 pm, Chacao Caracas.  

Mabel Sarmiento, Caracas, 11 febrero 2020: El estudio diagnóstico sobre la situación laboral de jóvenes en condición de vulnerabilidad social que residen en Venezuela, a cargo del investigador y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Renato Cerullo, arroja resultados que permiten en algunos casos corroborar, y en otros complementar, las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Encovi, sobre la actividad económica de la población joven.

98% de las 532 encuestas que se aplicaron a igual número de jóvenes -para este estudio cuyos resultados serán presentados el próximo 12 de febrero- revela que percibían sueldos o ingresos que no superaban los cinco salarios mínimos nacionales (menos de 1,90 US$ diarios). Situación que los ubica, según la OIT en extrema pobreza laboral. 

Esta condición social alcanza a la totalidad de mujeres y hombres. 

Destaca el estudio, además, que 47,4% de los jóvenes desocupados, a pesar de registrar una media de edad de 23 años, no se encontraban estudiando durante el período de referencia de la investigación.

Si esta condición se asocia al hecho de que 74,1% posee un nivel de instrucción medio, y apenas 18,1% tiene un título universitario, se puede concluir que buena parte se encuentra en una particular situación de vulnerabilidad social.

Por otra parte, 21,6% de los encuestados desocupados/as manifiesta tener descendencia, un hijo/a en promedio, y 94,8% asegura participar en su manutención.

Otra cosa que reconoce la investigación encabezada por Renato Cerullo, es que este sector de la población, cuando pertenece a pueblos indígenas y tribales, o por su orientación sexual e identidad de género y VIH/SIDA, es víctima de recurrentes acciones discriminatorias.

De las 532 entrevistas aplicadas, 28,2% pertenece a la comunidad LGBTI. 

La caracterización de este subgrupo recae fundamentalmente en la orientación sexual expresada por hombres y mujeres (19% gays, 4% bisexuales, 4% lesbianas y 1% pansexuales –persona que siente inclinación erótica-afectiva por las personas independientemente de su sexo, identidad de género u orientación sexual); más que en la identidad de género (apenas 1,5% se definen como transgénero y 1,3% como intersexual –persona que tiene características físicas tanto femeninas como masculinas).

Por otra parte, se debe advertir que la población LGBTI que participó en el estudio se encuentra mayoritariamente conformada por hombres, en una proporción que supera 3,3 veces la representación de las mujeres.

En el total de la el sector LGBTI consultado, el porcentaje de extrema pobreza laboral alcanza 98,6%, en el caso de los hombres esta cifra asciende a 100%, mientras que en las mujeres representa 94,3%.

De igual manera, se conoció que los individuos que viven con VIH constituyen 11,8% del grupo objetivo. En este caso, los varones presentan la mayor incidencia: 17% en comparación con 5,5% evidenciado en las hembras.

En el caso específico de las personas que declaran contar con familiares o amigos/as cercanos con VIH+, la cifra asciende a 23% del total general.

Pero así como esta comunidad enfrenta grandes desafíos en el mercado laboral, los pueblos indígenas también están en particular situación de indefensión ante los problemas sociales, económicos y laborales, pues en el común de los casos sus medios y modos de vida, culturas, identidades y derechos tienden a ser subvalorados y desplazados por las prácticas culturales y económicas de los demás miembros de la sociedad; e inclusive suelen ser excluidos de la mayoría de las políticas y proyectos impulsadas por gobiernos e instituciones internacionales y locales.

3,6% de los encuestados se declara como procedente o miembro de pueblos indígenas, en una relación que abarca 3,1 % del total de hombres y 4,2% de mujeres.

En los trabajadores indígenas que residen, tanto en zonas urbanas como rurales, se observa una elevada prevalencia de ocupación en empleos informales poco calificados.

Método de abordaje 

El grupo considerado para el estudio fue delimitado, según los lineamientos establecidos para la segunda fase del plan operativo del proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan con poblaciones excluidas en Venezuela.

En este sentido, se tomó como referencia a jóvenes de ambos sexos, entre los 18 y 28 años, de escasos recursos económicos, que vivan con VIH, pertenecientes a poblaciones LGBTI o indígenas y que residan en 13 estados del país (Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Federal, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira y Zulia).

En lo que respecta a la magnitud de esta población, el único marco de referencia oficial del que se dispone se encuentra en la proyección poblacional quinquenal que aporta el Instituto Nacional de Estadística, desagregada por grupos etarios.

Según estos datos, el sector entre los 18 y 28, estimado a nivel nacional para el año 2020, alcanzaría la cifra de 5.938.193, distribuido en 2.907.470 mujeres (48.9%) y 3.030.763 hombres (51.1%).

En total, se recolectaron 532 encuestas, en un período que abarcó desde septiembre hasta diciembre de 2018.

Se trabajaron cinco secciones. La primera delimitación de la población objetivo: jóvenes, mujeres y hombres, de escasos recursos económicos, o bien que vivan con VIH, o pertenezcan a poblaciones LGBTI o indígenas.

La segunda describe los resultados referidos a la situación laboral de estos/as jóvenes, en los que se especifica su tasa de ocupación y desocupación laboral, el tipo de ocupación, sector de actividad económica en que se desempeñan, salarios, ingresos y otros aspectos que definen su entorno socio-laboral.

La tercera muestra las actitudes y prácticas que expresan con respecto a su estatus laboral. Se presenta el nivel de satisfacción en el empleo, salario o ingreso que reciben, así como las situaciones de discriminación y violencia que han experimentado. Igualmente, se muestran las prácticas que emprenden ante su situación de desocupación, insatisfacción con su tipo de ocupación o ingreso, así como las acciones de denuncia de situaciones de discriminación y violencia vividas.

En la sección cuatro se detallan las actitudes frente al emprendimiento empresarial; y en la quinta fase el informe revela la disposición de emigrar que manifiesta la población objeto.

El estudio se apega a los lineamientos estipulados en el plan operativo del proyecto intitulado “Fortalecimiento de las Capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC, que trabajan con poblaciones excluidas en Venezuela”, que desarrollan conjuntamente la Asociación Civil Manantial de Vida Pro Defensa de los Derechos, Humanos (AMAVIDA), y Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI), bajo el auspicio de los programas de cooperación regionales y temáticos que la Unión Europea (UE) mantiene con las OSC de Venezuela.

Específicamente, la investigación responde a la segunda etapa de este plan operativo, que contempla un estudio diagnóstico del contexto socio-laboral de la población de jóvenes en situación de vulnerabilidad social, para así establecer un parámetro de comparación que permita evaluar el resultado del programa de formación que sostiene el plan.

Destaca en la investigación que la mayoría de los entrevistados alude a la situación de precariedad económica en la que se encuentran.

Fuente: Noticias ACSI

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