La trágica realidad de la COVID-19 en Venezuela es peor de lo que creemos

(18/08/2020)

La situación de la COVID-19 en Venezuela es peor de lo que la gente piensa: no hay registro real de la cantidad de muertos, los infectados van secuestrados a campos de concentración y por eso muchos prefieren pasar desapercibidos en sus casas, no hay lugares dónde hacerse las pruebas, los protocolos de sanidad son prácticamente nulos y muy pocas personas conocen esta realidad.

El otro día recibí un estremecedor testimonio de un médico al que, recientemente, le tocó padecer la partida de su señora madre: “En la jefatura donde hicieron el acta de defunción de mi madre hubo más de 300 certificaciones de muerte por COVID-19 en un fin de semana. En el cementerio de El Junquito están llegando camiones con cadáveres de personas fallecidas por COVID. La situación está totalmente fuera de control”.

Este relato contrasta diametralmente con lo que anuncia el régimen de Nicolás Maduro en sus informes, los cuales están completamente alejados de la realidad pandémica.

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Si bien los números no son exactamente como los denunció ese médico, desde la legítima Asamblea Nacional se llevan registros y pruebas de que el régimen de Maduro está mintiendo y manipulando los datos que proporciona al país.

Uno de los datos más preocupantes es el de la alta mortalidad del personal de salud, que es el más alto de la región. En total, son 71 los médicos fallecidos, y la tasa es de 102 muertos por cada 100 000 habitantes.

Esa cifra demuestra que los médicos venezolanos viven una situación extrema: atienden a los pacientes infectados sin las medidas de protección necesarias, están mal pagados y se encuentran bajo el asedio del régimen. Por si fuera poco, tienen múltiples problemas para trasladarse: algunos no tienen combustible para sus vehículos y otros tantos se trasladan en transporte público —que no escapa de la crisis de la gasolina—, lo que también ha causado deserciones laborales.

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Aunado a eso, en el último «Boletín de la verdad» ofrecido por el Gobierno interino de Juan Guaidó, se menciona que los hospitales están completamente colapsados. Algo que ya se ha denunciado, especialmente por los estragos que la COVID-19 ha generado en Maracaibo y que fue imposible para el régimen ocultar. Que los centros de salud –—abandonados y destruidos por el régimen— estén completamente colapsados, se debe a dos razones en específico: I. Lo que ya conocemos, el sistema de salud es débil. II. Lo que se quiere ocultar/disimular: la situación en cuanto a contagios y fallecidos es mucho peor de lo que se cree.

Según el informe de la Asamblea Nacional, los fallecidos en el país confirmados son más del doble de los reportados por la tiranía, y, aun así, esta cifra representa un subregistro importante. En ese sentido, el diputado José Manuel Olivares espetó que en el país hay 561 víctimas por el coronavirus, pero incluso esta cifra —mucho más confiable que la del régimen— tiene la particularidad de no ser completamente exacta por los diferentes problemas que implica recolectar datos fidedignos en el país.

Falta de información

A falta de datos confiables por parte de medios de comunicación —sin libre acceso a información— en el país, Twitter ha sido la principal vía de denuncia de todos los venezolanos, y hay relatos que dimensionan lo terrible de los sucesos, como el del usuario @EbVzla, que menciona cómo a los «contagiados por COVID-19 los aíslan sin comida ni agua y sin la posibilidad de ver a sus familiares en los famosos campos de concentración del régimen». Después de esa denuncia, presuntamente su vecino apareció muerto.

Hay incontables relatos que señalan que el trato en estos campos de concentración es totalmente inhumano y bastante precario. Como el siguiente en el estado Sucre:

Un anterior trabajo publicado en el PanAm Post por la periodista Sabrina Martin, explica cómo el régimen está activando puntos de control para realizar pruebas rápidas de COVID-19, una medida desesperada por encontrar «casos positivos».

«No me permitieron buscar ropa, ni hablar con mis hijos, al dar un falso positivo me obligaron a alojarme en un hotel con otras dos personas en una habitación. Allí les pasaron llave a las puertas y teníamos prohibido salir, estábamos presos», denunció una de las fuentes consultadas.

A muchas personas en estos albergues improvisados, que terminan siendo unos campos de concentración, ni siquiera se les confirmó si en verdad tenían el virus. Al régimen lo que le interesa es rellenar la estadística de prueba realiza + resultado, sin importar si este es un análisis fidedigno o no. En cada uno de estos campos hay centenares de personas, a los positivos se les obliga a ir, hasta que los test marquen negativos.

Si bien no es uno de los albergues del régimen, en el Hospital Universitario de Maracaibo, en una de las secciones donde se encuentran pacientes aislados, se puede apreciar cómo una persona fallecida está en una cama sin que su cuerpo haya sido retirado. Permanece allí, con el resto de los pacientes con coronavirus. Nadie se encarga del cadaver.

Un punto importante para recordar es que los test suministrados a los ciudadanos para determinar si están contagiados o no, son ineficaces e imprecisos. Por ende, cualquier tipo de resultado que arrojen, es nulo en cuanto a certeza. Entonces, hay muchas denuncias que confirman lo peor: muchos ciudadanos son perseguidos y secuestrados como falsos positivos. Algo que, notoriamente, viola a grandes rasgos los derechos fundamentales de estos pacientes.

Como ya se explicó no solo hay un subregistro importante en los casos confirmados —el régimen dice que hay casi 35 000 positivos— también existe manipulación en las víctimas por el virus; y no porque no puedan contabilizarlos, sino porque no quieren hacerlo.

Hay una historia titulada ¿Dónde enterraron a mi tío?, publicada en el portal Venezuela Informativa, en ella se reseña —muy brevemente— la historia de la señora Delvalle Yépez, a la que las autoridades de la alcaldía del municipio Piar, estado Bolivar, sepultaron a su hermano sin previo aviso a la familia.

Según relató Yépez, su hermano, Valentín Silva, murió por un ataque al corazón —no de COVID-19— y, pese a que consiguió pagar los costosos gastos fúnebres, la alcaldía sepultó a su hermano con la clara intención de no tener que esperar a familiares.

La realidad es que los muertos empiezan a acumularse y las sepulturas de los cuerpos están siendo durante las madrugadas para que los testigos sean mínimos. Los costos fúnebres, al ser tan altos, impiden que los familiares puedan realizar las gestiones rápido; por lo que la desaparición de las víctimas termina siendo una solución para el régimen. Esta práctica también se ha llevado a cabo en regímenes de similares características como el sandinista en Nicaragua, donde los entierros “exprés” se hacían de noche y bajo la lluvia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por los protocolos sanitarios, señala que la mejor opción es que los restos sean cremados si la intención es frenar la proliferación del virus. No enterrados en la clandestinidad.

Control social y maquillaje de la situación

El régimen está aplicando estas medidas extremas por dos razones: I. Lograr maquillar su estruendoso fracaso en el manejo de la pandemia. II. Lograr tener aún mayor control sobre la ciudadanía.

Según diversas informaciones y denuncias, incluyendo de la Asamblea Nacional, el régimen está persiguiendo a toda persona que entre por la frontera para llevarlos a los albergues instalados de forma improvisada. A estas personas se les ha calificado como «trocheros», incluso el tirano Maduro, llegó a denominarlos «armas biológicas», según él, estas personas que vuelven al país fueron los que trajeron la enfermedad. Por supuesto, jamás menciona las fiestas de bolichicos o de altos jerarcas chavistas, o el caso de los militares iraníes que llegaron del exterior con la enfermedad.

Un médico en la ciudad de Caracas, que fue una de las fuentes consultadas por el PanAm Post, reseñó que el temor por hacerse la prueba de la COVID-19 «es real», puesto que nadie confía en la atención del régimen en estos campos de concentración.

«Además de la inexactitud de los test, en esos albergues nadie tiene acceso a medicinas y, a veces, ni siquiera alimentos, por si fuera poco, son lugares donde el riesgo de contagiarse es muchísimo más alto que en tu casa o en la calle; en términos sanitarios son completamente inseguros. Por ello es imposible saber en realidad dónde estamos parados con este tema de la pandemia. Lo que sí es seguro es que la realidad no es buena, todo lo contrario, preocupa muchísimo».

Una persona, que sospecha estar infectado por COVID-19 en Venezuela comentó al PanAm Post: «Antes muerto que ir a ningún hospital para que me diagnostiquen y me secuestren».

Otra acotación importante que hizo el médico, fue que las medidas sanitarias implementadas por el régimen —la cuarentena restrictiva y el modelo 7/7— «no están basadas en ningún estudio o criterio epidemiológico». Señala que las medidas, aparte de ineficaces, se han elaborado en base a aumentar las restricciones sociales por parte del Estado y no para controlar la pandemia.

La distorsión del sistema aplicado en el país sudamericano, dominado por el chavismo, se demuestra si se compara con otros países, por ejemplo, en las medidas sanitarias en los comercios o restaurantes. El modelo 7/7 no estipula ningún protocolo sanitario, es simplemente un método de cuarentena —hecho que demuestra el experimento social—, en la región, para no irse muy lejos, las tiendas o comercios abiertas tienen la obligación de cumplir con el distanciamiento social. Es decir, no se permiten las aglomeraciones. En los restaurantes, para poner otro ejemplo, las mesas tienen que estar separadas a distancia recomendada. Incluso hay países como Paraguay, que implementan lavamanos improvisados para que la gente se lave las manos antes de ingresar a cualquier recinto.

En Venezuela el distanciamiento social no se cumple del todo y muchas personas por estar sumergidas en el ‘sobrevivir a la realidad económica’ no les queda suficiente tiempo —ni conciencia— para cumplir estas normas de seguridad. Considerando, por supuesto, que en un país donde no hay ni agua ni jabón, es extremadamente complicado cumplir con los mínimos protocolos.

Los campos de concentración y la situación de los hospitales

Uno de los casos más emblemáticos es el de la Ciudad Vacacional Los Caracas del estado Vargas. Este complejo ya se había activado para recibir infectados desde abril, donde 61 venezolanos provenientes de Cuba fueron puestos en cuarentena.

Una fuente consultada por el PanAm Post, que es defensora de derechos humanos y se encuentra en el exilio, resaltó que en este centro están aisladas más de 400 personas y que muchas están en condiciones precarias, sin siquiera percibir alimentos. Algunos hasta han fallecido. La misma fuente comentó que la situación también ocurre en el Estado Bolívar, en la ciudad de Puerto Ordaz, en el complejo Mundo Sonrisas donde había sido habilitado un centro hospitalario trasladado de Gran Sábana a Caroní. «El modus operandi sería detectar casos para aislarlos, prácticamente como un secuestro y ocurre en todo el país. Los tratos ya ni siquiera son inhumanos, esto es del fascismo más puro». Y es que, en efecto, el régimen de Maduro copia las formas de los regímenes más perversos de la historia.

Cabe destacar que en otros países a las personas también se les obliga a permanecer en aislamiento cuando son diagnosticadas positivo por coronavirus, pero en sus casas, no los colocan en albergues a menos que sean ciudadanos que vienen del exterior. De todas formas, los gobiernos, normalmente, se encargan de mantenerlos bien cuidados con comida y un techo decente. Y las pruebas también son seguras, no son rápidas ni mucho menos, y se van haciendo paulatinamente para ir verificando la evolución de la enfermedad.

Otro punto clave es que en Venezuela se tardan hasta 20 días para procesar las pruebas PCR (las únicas fiables) y estos test solo están disponibles para los secuestrados en los albergues o para aquellos allegados al régimen. Esto es un problema, porque aquellas personas infectadas en los campos de concentración, tienen casi tres semanas para contagiar a aquellos que no lo están en dichos lugares; aumentando así la proliferación del virus.

Siguiendo el caso del estado Bolívar, una fuente médica en Puerto Ordaz, dijo que en todos los hospitales y clínicas de la ciudad existen casos de coronavirus, que el subregistro del gobierno es gigante. Si bien no hay tanta información sobre la situación de la ciudad que alberga al Río Caroní, a un centenar de kilómetros de Puerto Ordaz, en la histórica Ciudad Bolívar, el Dr. Ramón Arturo García falleció a causa del coronavirus en el Hospital Ruiz y Páez, donde las denuncias si son abundantes.

Según indicó Andrés Velásquez, un par de días atrás, tan solo en esta semana murieron dos médicos por la COVID-19, y no fueron reportados al registro de la tiranía. También denunció que hay más de 80 pacientes ingresados con síntomas graves y apenas se cuenta 9 respiradores. Las pruebas de PCR se envían a Caracas, pero pasan semanas y nunca llegan.

Además, a muchos de los fallecidos se les reporta causa de muerte «por insuficiencia respiratoria» para que no vayan a la estadística como una víctima más COVID-19.

Por si fuera poco, en el Ruiz Páez las condiciones para los pacientes positivos por COVID-19 es dramática. Hay baños desbordados y filtraciones que inundan las salas. Y esto es una constante en diferentes hospitales del país.

La dramática situación sin registro

Es necesario tener en cuenta que la recolección de datos y de información en el país es una tarea extremadamente compleja. Por ello, a cada denuncia que se realiza hay que hacerle seguimiento y tomarlo con pinzas, porque además el régimen es muy efectivo para ocultar sus atrocidades; aunque son tantas que muchas se desbordan y terminan saliendo a la luz.

La activista de derechos humanos que suministró información, manifestó que para ella fue muy difícil contactarse con personas dentro de los centros de concentración, pero lo peor es intentar sacarles las denuncias, «el miedo se siente a través del celular, la gente tiene miedo a ser descubierta suministrando información, lo que ocurre en esos campos es terrible y pocos tienen conocimientos de lo que sucede en realidad». Esta misma situación se da con las fuentes médicas consultadas, que también padecen de persecución de parte de sus superiores o incluso de las fuerzas de seguridad de la dictadura para que no se denuncie la realidad de los centros de salud.

Fuente: Noticias PanamPost

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