José Ugaz de Transparencia Internacional ante la CIDH: “El principal problema en Venezuela no es político, es criminal”

(08/10/2020)

Expertos nacionales e internacionales de la Task Force contra la corrupción en Venezuela y 15 organizaciones de la sociedad civil participaron en la audiencia número 20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer la precariedad en que se encuentra el sistema sanitario venezolano como consecuencia del desfalco a la nación y la captura del Estado por las autoridades.

Caracas. La sociedad civil venezolana, representada en el encuentro virtual celebrado el miércoles 7 de octubre en el marco del 177 período de sesiones de la CIDH, priorizó denuncias de violación de derechos humanos en el sector salud como consecuencia de la corrupción. José Ugaz, miembro del Consejo Consultivo Internacional de Transparencia Internacional y expresidente de la organización, fue el primero en participar: “El principal problema en Venezuela no es político ni ideológico, sino esencialmente criminal”.

Dijo que el rostro más inhumano de Nicolás Maduro no está en su autoritarismo e ineficacia en el manejo del Estado, sino en el hecho irrefutable de “la captura del Estado por una red enquistada en el poder para enriquecerse de todas las formas posibles e inimaginables”.

En ese encuentro dirigido por Flavia Piovesan, segunda presidenta de la CIDH, se planteó una serie de exigencias al Estado venezolano, dirigidas a garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a proteger la salud y la vida de los ciudadanos, especialmente en el actual contexto de pandemia.

Aquí los puntos más destacados de la audiencia:

José Ugaz: El caso de Venezuela confirma que países con alto nivel de corrupción tienen muy malos desempeños en materia de derechos humanos. Luego de revisar la cifra del saqueo en Venezuela, hemos llegado a la conclusión de que es un gobierno criminal que ha hecho desde la sobrevaluación de compras públicas hasta el tráfico de alimentos, medicamentos y hasta la distorsión del tipo de cambio.

  • Venezuela es un típico caso de cleptocracia dedicada a tiempo completo a la  gran corrupción, que es cometida por agentes con poder político y económico, que causa un grave daño a la sociedad y que usualmente permanece impune. Es un crimen de poder que implica grandes cantidades de recursos y que tiene un impacto negativo en los derechos fundamentales de las personas.
  • Se estima que el monto de la corrupción en Venezuela no es menor de los 150.000 millones de dólares. La corrupción mata, enferma, impide la educación, el acceso al agua potable o a una vivienda digna.
  • Hay un actuar intencional del gobierno venezolano, que no solo impide que se adopten todas las medidas a su alcance para evitar y controlar la gran corrupción, sino que, por el contrario, implica un despliegue de acciones dolosas para garantizar y reforzar la lógica de la corrupción y la impunidad, a sabiendas de que se está matando a la población más vulnerable del país.
  • La gran corrupción en Venezuela no es episódica, está enquistada en el núcleo del poder, en el que hay un verdadero sistema corrupto de producción, en donde se enlazan funcionarios de alto nivel, empresarios, políticos y crimen organizado.
  • La impunidad generalizada y la normalización de la ilegalidad profundizan la violación crónica de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas. En el caso de Venezuela no estamos hablando de los problemas del sector salud en los que no hay transparencia, que aquejan al resto de los países de la región por la precariedad de la infraestructura hospitalaria, que tiene que ver en la mayoría de los casos también de corrupción; nos estamos refiriendo a un impacto devastador en la salud, que se refleja en el agravamiento de enfermedades curables y crónicas, y en el agravamiento exponencial de muertes inevitables de los sectores más vulnerables de la sociedad como consecuencia del desvío de fondos que generan falta de luz, agua, alimentos, medicinas y de bioseguridad; mientras los perpetradores acumulan mansiones, yates y cuentas de millones de dólares en países del primer mundo.
Registro de corrupción

A Mildred Rojas, vocera de Transparencia Venezuela, le tocó enumerar una lista de registros documentados por la sociedad civil y medios de comunicación.

  1. Asignación discrecional de contratos a empresas recién creadas y sin experiencia.
  2. Compra de equipos que no se instalaron por incompatibilidad técnica.
  3. Compra de equipos desechados por falta de mantenimiento y repuestos.
  4. Compra de medicamentos, de materiales y equipos médicos con sobreprecio.
  5. Compra de medicamentos no requeridos por los centros de salud o cuyas existencias no justificaban  nuevos pedidos.
  6. Compra  de medicamentos con fecha de vencimiento fuera del estándar permitido.
  7. Facturación de cantidades superiores a las recibidas.
  8. Hurto de equipos médicos, de insumos y medicinas, incluso de gasoil para el funcionamiento de plantas eléctricas.
  9. Forjamiento de documentos para adquirir medicinas.
  10. Venta de medicinas e insumos médicos que deberían ser suministrados de forma gratuita.
  11. Contrato sin transparencia de obras hospitalarias que quedaron inconclusas, sin acciones legales a pesar del desembolso de recursos.
  12. Abuso de autoridad en contra de médicos y personas que protestan.
  13. En los casos registrados destaca la participación de altos funcionarios de salud y sus organismos adscritos, de la Fuerza Armada, así como de organismos de control cambiario.  Estos habían actuado en complicidad con dueños de empresas y usado cuentas bancarias en Venezuela, Cuba, El Salvador, Panamá, Estados Unidos, Argentina, Islas Vírgenes, Andorra, República Dominicana y Suiza.

“Esos individuos de poder actúan con impunidad en Venezuela pese a las denuncias públicas de organizaciones de la sociedad civil, de reconocidos medios y de conocerse casos que reposan en sistemas de justicia de otros países”.

De hecho, dijo, hay irregularidades denunciadas por la Sindicatura General de Argentina por las importaciones de medicinas y equipos por un valor superior al del resto del mundo, que llevaron a la apertura de 10 casos en tribunales argentinos.

Rojas acotó, además, que se desconoce el estatus de dos procesos iniciados contra la exministra de Salud Eugenia Sader por presunta corrupción en la construcción de seis grandes hospitales que no fueron ejecutados, así como por contratos de insumos y equipos médicos que vencieron. Y agregó que para marzo de este año 35,2 % de las unidades de cuidados intensivos no estaban operativas y 29,1 % funcionaban de forma deficiente.

También, que se evidenció la inoperatividad de equipos y el desabastecimiento de suministros esenciales, y una aguda escasez de medicamentos, que se calcula en 80 % en algunos estados; así como fallas constantes de electricidad reflejadas en más de 11.000 cortes de servicio por mes, e interrupción del suministro de agua por semanas; la proliferación de enfermedades erradicadas, como malaria, fiebre amarilla, tuberculosis y sarampión; y la fuga de talento: más de 30.000 médicos y 50 % de enfermeros.

Los más afectados

En la audiencia también tuvieron voz los más afectados por la escasez de medicinas e insumos básicos, la falta de equipos imprescindibles o la inoperatividad de los existentes por falta de mantenimiento o repuestos, el deterioro de la infraestructura hospitalaria.

Katherine Martínez, de la organización Prepara Familia, habló una vez más en defensa de los niños, niñas y adolescentes y las madres cuidadoras del hospital J. M. de los Ríos, y de las unidades pediátricas de todo el país, y enfocó su exposición en las debilidades institucionales que se agravaron por la pandemia.

Francisco Valencia, de Codevida (Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida), relató que desde 2015 han documentado la situación de emergencia humanitaria compleja que se registra en Venezuela. Explicó que el impacto en la salud es “inaguantable” para las personas con padecimientos crónicos, como hemofilia, mal de Parkinson, esclerosis múltiple, pacientes oncológicos y con insuficiencia renal, cuya situación se ha complicado porque no reciben sus tratamientos o terapias.

Jaime Lorenzo, de Médicos Unidos por Venezuela, calificó de “colapso” el estado actual del sistema sanitario. Destacó que solo están en funcionamiento 33 % de los hospitales, 45 % de los centros ambulatorios, 49 % de los quirófanos y 45 % de los laboratorios públicos.

Rafael Castillo, representante de la Comisión Permanente asignada por la Asamblea Nacional, presentó a petición de la sociedad civil un video que recoge el testimonio de cuatro pacientes crónicos que expusieron cómo la crisis del sistema sanitario generada por la corrupción ha impactado en su calidad de vida y, en algunos casos, representa un riesgo para su supervivencia.

Se refirió a que la usurpación de los poderes públicos desde enero 2019 ha exacerbado la emergencia humanitaria compleja que padece la población; insistió en la responsabilidad de la administración de Nicolás Maduro en la reiterada violación de los derechos humanos de los venezolanos y ratificó el compromiso de esa comisión para impulsar la investigación, determinación de responsabilidades y la reparación a las víctimas de la corrupción en Venezuela.

El principal objetivo de la audiencia fue promover y alimentar el debate sobre la vinculación entre la corrupción y los derechos humanos en Venezuela. Por tanto, la  sociedad civil reiteró su solicitud a la CIDH para que acuerde priorizar las denuncias de violación de los derechos humanos como consecuencia de la gran corrupción imperante en el país. E instó al Estado venezolano a actuar con transparencia y a rendir cuentas sobre los recursos destinados al sector, además de exigir el cese inmediato de las persecuciones y amenazas contra el personal médico y demás trabajadores de la salud que denuncian irregularidades y corrupción; así como el establecimiento de sistemas anticorrupción, transparencia y acceso a la información pública en el sector salud.

Por su parte, la comisionada de la CIDH Esmeralda Arosemena, de la Relatoría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, calificó de inaceptable que en pleno siglo XXI y en medio de una pandemia esté comprometida la vida de tanta gente; mientras que la vicepresidenta Piovasan definió como endémica la situación de la corrupción en Venezuela, y exhortó a las instituciones democráticas, a la academia, los medios de comunicación y la sociedad civil a seguir combatiendo la corrupción y a trabajar por el fortalecimiento y la transparencia de la institucionalidad.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *