La Agenda 2030 requiere Políticas Sociales y Recursos suficientes

En el contexto del Foro Político de Alto Nivel de la ONU, plataforma internacional de seguimiento a la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la organización Social Watch, en alianza con otras redes y organizaciones de la sociedad civil, lanzó el informe Spotlight 2017.

Este aporte brinda una evaluación independiente sobre la implementación de la Agenda de Desarrollo 2030 en el mundo, a partir de informes nacionales y análisis elaborados por representantes de organizaciones de la sociedad civil que observan los ODS, desde sus distintas miradas y especialidades. “La combinación de la ideología neoliberal, grupos de presión de las corporaciones, políticas fiscales regresivas, y la evasión de impuestos han dado lugar a un debilitamiento masivo del sector público y su capacidad de proporcionar bienes y servicios esenciales”, afirma el documento.  Léalo aquí en inglés.

Para comentar el contenido del informe, entrevistamos al experto uruguayo Roberto Bissio, coordinador de Social Watch, quien subraya los impactos negativos de las alianzas público-privadas para la implementación de los ODS y la garantía de los derechos humanos. “El informe evidencia que las alianzas público-privadas se han caracterizado por la ineficiencia y la corrupción, y alerta a los gobiernos sobre las esperanzas injustificadas en estas alianzas, que salen más caras, generan deuda pública y a menudo están asociadas con corrupción , lo que va en contra de los ODS en vez de apoyar su realización”, afirma. Lea la entrevista completa a continuación.

¿Cuáles son los principales hallazgos del informe Spotlight 2017 y con qué objetivo fue elaborado?

El objetivo del documento es verificar cómo la Agenda 2030 se está implementando en la práctica. Lanzamos el primer informe Spotlight en el 2016, cuando se había adoptado recientemente la Agenda, que tiene muchos puntos positivos y va más allá de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Entre estos puntos, se destaca que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecen obligaciones para todos los países, no solo para los países en desarrollo. Es una agenda universal que combina elementos que tienen que ver con las limitaciones del planeta, como el cambio climático y la necesidad de repensar los padrones de producción y consumo, con otros que se refieren a alcanzar la igualdad entre los países y al interior de ellos, así como por erradicar la pobreza, en sus múltiples dimensiones y garantizando la protección social para todas las personas.

Creemos que la Agenda 2030 es renovadora y tiene un gran potencial de transformación. Por ello, entendemos que es necesario continuar promoviendo una mirada actva sobre cómo se están aplicando los ODS en los países y a niv el global. En ese sentido, el Informe Spotlight 2016 se dirigió a ver cuáles son los principales obstáculos estructurales para el cumplimiento de la Agenda 2030, mientras que en 2017 se analiza si el sector privado está de hecho colaborando para la implementación de los ODS. El informe Spotlight observa cada una de las 17 metas de la Agenda y las alianzas entre los gobiernos con el sector privado para promoverlas y comprueba que las mismas se han mostrado ineficaces y hasta contraproducentes. Presentamos estos hallazgos durante el Foro Político de Alto Nivel de la ONU y llamamos la atención de la comunidad internacional sobre los riesgos de las alianzas público-privadas, las cuales en general son más costosas, generan deudas externas, son poco democráticas y abren camino para la corrupción.

La elaboración del Informe Spotlight resultó de una alianza entre distintas redes y organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo y con qué objetivo se impulsó esta iniciativa conjunta?

La elaboración de estos informes se inició desde el Grupo de Reflexión sobre la Agenda 2030, que fue creado en el 2010 y produjo sus primeros análisis para presentarlos en el contexto de la Río+20 en el 2012, haciendo un llamado a los Estados para que recuperaran su espacio de acción. Este grupo ya estaba compuesto por varias redes y organizaciones de la sociedad civil, y luego se convocaron otras organizaciones y sindicatos para que pudieran analizar desde su especialidad el estado de cumplimiento de los ODS.

El informe aborda los impactos negativos del financiamiento privado y la influencia especialmente del Banco Mundial en la implementación de los ODS y las democracias de nuestra región. ¿Nos podrías comentar al respecto?

El informe analiza una cierta contradicción en el discurso vigente en torno a los ODS, pues al mismo tiempo que la Agenda plantea “no dejar nadie atrás”, desde un compromiso con la erradicación de la pobreza extrema, la igualdad y la superación de las exclusiones, por otro lado, los gobiernos argumentan que no tienen dinero para impulsar las políticas públicas necesarias, y por ello los recursos para cumplir la Agenda deberían obtenerse desde alianzas con el sector privado.

En torno a esa idea, hace un par de años, los bancos internacionales de desarrollo, como el Banco Mundial, el BIRD [Banco Internacional para Reconstrucción y Desarrollo] y los Bancos Europeo, Asiático y Africano, en alianza con el Fondo Monetario Internacional (FMI), impulsaron la idea de que era necesario transformar los recursos disponibles de miles de millones (billions en inglés) a billones (trillions en inglés) de dólares, movilizando estos recursos gracias a alianzas con el sector privado. Estos trillones, sin embargo, se destinan fundamentalmente a obras de infraestructura, que son efectivamente costosas. Sin embargo, muchos de los ODS no dependen necesariamente de grandes desembolsos dinero, sino que requieren políticas, por ejemplo, para la aprobación de leyes que no discriminen a las mujeres o a los grupos étnicos y otras minorías, no se necesitan de grandes recursos. Cambiar los padrones de consumo dañinos para el planeta puede resultar en ahorrar recursos y no en mayores gastos. Se puede ahorrar eliminando subsidios dañinos a la agricultura industrializada o los combustibles fósiles y lo mismo pasa con las políticas para enfrentar los cambios climáticos que podrían generar recursos con impuestos a las emisiones de carbono.

El Banco Mundial estima que son necesarios 66 mil millones de dólares al año para erradicar la pobreza extrema en el mundo. Es una cifra enorme, pero es la mitad de la ayuda al desarrollo ya desembolsada en 2016. Pero en ves de canalizar estos recursos a mejorar la capacidad de los estados de brindar servicios públicos esenciales, el Banco Mundial y muchas agencias de cooperación quieren canalizar estos fondos públicos al sector privado como garantías para sus inversiones.

Este modelo fue probado inicialmente en Brasil, a través de alianzas con empresas como la constructura Odebrecht. Ya en 2011, el Banco Mundial concedió 50 millones de dólares para que esta empresa emitiera bonos en el Brasil y en el exterior, implementando proyectos de infraestructura por valor de dos mil millones de dólares. Odebrecht se expandió por toda América Latina y África y en 2016 tenía proyectos garantizados por el Banco Mundial en decenas de países. Actualmente todos los principales ejecutivos de Odebrecht están en prisión por corrupción y sus confesiones muestran que buena parte de estos proyectos se lograron a partir de sobornos y licitaciones amañadas. Esto fue accidental? Esta empresa es la única manzana podrida en la cesta? O no será que la corrupción es inherente a este modelo de alianzas con el sector privado que desarrolló el Banco Mundial?

Este tipo de alianza no es solo para infraestructura, sino también para la educación y la salud. Por ejemplo, el modelo de “alianzas” de la Odebrecht la llevó en muchos países a construir escuelas y hospitales, según contratos por los cuales luego se hizo cargo de proveer los servicios de mantenimiento, limpieza, alimentación en estos centros educativos, a cambio de contratos de 20 años o más. Así se genera deuda sin aprobación parlamentaria y es imposible saber si estos contratos son más convenientes o más caros que el modelo tradicional de procuración de estos servicios por parte de los gobiernos.

Para la realización de la Agenda 2030, Spotlight 2017 reclama la recuperación del espacio de las políticas públicas y el aumento de las finanzas públicas, fortaleciendo a la vez las estructuras de gobernanza participativas y democráticas en todos los niveles. ¿Qué recomendaciones se podrían hacer a los Estados en ese sentido?

El informe demuestra que las alianzas público-privadas y la privatización generan un problema para lo público, tanto para la sociedad civil, que con ello se ve obligada a pagar impuestos más altos, como para los Estados, que adquieren y amplían deudas. Asimismo, las alianzas público-privadas no pasan por aprobación parlamentaria, son del tipo “compre ahora y pague después”. Se trata de un modelo atractivo para algunas autoridades por su potencial de ingresos ilegítimos y también porque por esa vía los gobernantes pueden realizar obras de inmediato y obtener éxitos políticos, sin tener el presupuesto necesario y transfiriendo los costos de estas obras para la gestión posterior. Este modelo es tan perjudicial, que incluso la China concluyó que seguirlo ya no era conveniente. Hoy este país impulsa sus contratos con la iniciativa privada de manera convencional y sin seguir el modelo planteado por el Banco Mundial.

El informe evidencia que las alianzas público-privadas se han caracterizado por la ineficiencia y la corrupción, y en ese sentido llama la atención de los gobiernos para el hecho de que la esperanza en estas alianzas es injustificada, pues salen más caras al generar deuda pública y la corrupción asociada, lo que va en contra de los ODS en vez de apoyar su realización.

El informe reclama políticas públicas eficientes y capaces de atender a las necesidades de la población. Como quieren los ODS, eso implica implementar políticas de salud, educación, seguridad social y protección social decididas de manera democrática y con recursos suficientes para su realización. Para ello, se necesita tener una base fiscal adecuada.

Sabemos que los Estados están lejos de cobrar todos los impuestos que podrían cobrar, haciendo vistas gordas a la evasión fiscal y concediendo exenciones. Hay una tolerancia de los gobiernos con la evasión. Muchos afirman que no tienen dinero para implementar las políticas públicas, sin haber recabado los impuestos adecuadamente. Y con ello se agrava la desigualdad, que debe enfrentarse de manera redistributiva, a través de políticas tributarias progresivas a nivel nacional y políticas internacionales de cooperación que impidan la evasión fiscal y la existencia de paraísos fiscales.

El capítulo del informe que analiza el ODS 4, referido a la educación, aborda varias de las dimensiones de la privatización y comercialización de la educación, con el no cumplimento de la gratuidad. ¿Cuál es la importancia de abordar este derecho en los análisis?

La educación pública, gratuita, laica y obligatoria como un derecho humano no es un tema nuevo. Es un objetivo del siglo XIX. Desde mediados del siglo XIX, empezaron a crearse leyes y políticas en América Latina y el Caribe para garantizar este derecho. Por lo tanto, es un déficit muy grande que no se haya logrado todavía una educación pública de calidad, gratuita y laica en muchos de los países de la región. En Chile, por ejemplo, la gratuidad a todo nivel ha sido una demanda del movimiento estudiantil que contribuyó a llevar a Michelle Bachelet a la presidencia. Ese ha sido también un tema enorme durante la última campaña electoral presidencial en los Estados Unidos, en la cual se discutió el problema de la deuda de los estudiantes con universidades privadas en el país. La educación como empresa lucrativa se ha vuelto un problema grave en todo el mundo, desde los países en desarrollo hasta los países más ricos.

El informe discute estos problemas y defiende que es necesario crear políticas públicas sin negar que, con políticas correctas y reglamentación adecuada, la iniciativa privada, sobre todo la sin fines de lucro, puedan contribuir con la educación. Pero, esa participación del sector privado debe tomarse en cuenta tal como plantean los ODS, como actividad complementaria a la de los Estados que tienen la responsabilidad esencial y principal de implementar la Agenda 2030 y garantizar los derechos humanos, como la salud y la educación.

¿Te gustaría añadir algún otro reto u oportunidad que se identifica para el cumplimiento de la Agenda 2030?

De acuerdo al informe Spotlight, la Agenda 2030 presenta desafíos que requieren un nuevo enfoque y modelo de desarrollo, lo que implica la necesidad de crear nuevos indicadores que atiendan a ese cambio de paradigma. Este es un grave problema, pues no se cuenta aún con indicadores que puedan evaluar la calidad de las políticas. Hay que tener un análisis cualitativo, y no solo basarse en números. Hay una ilusión tecnócrata de que todo se reduce a números y eso es peligroso. Creemos que hay que crear mecanismos que permitan contar con la opinión de la gente sobre la calidad de la vida y los servicios, desde otros conceptos y perspectivas. Por ejemplo, el concepto del Buen Vivir en América Latina y el Caribe nos invita a otro modelo y forma de pensar, y nos presenta desafíos interesantes que se seguirán discutiendo en los próximos años.

Por Fabíola Munhoz, de CLADE

Fuente: Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).

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