El Estado y la violencia, dos caras de la misma moneda en Venezuela

Venezuela está a la cabeza de la violencia en América Latina. Estudios como el de la fundación Insight Crime, cifró una tasa de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017, cuando la tasa media global está estimada en siete por cada 100.000 personas. Esta realidad que viene sufriendo Venezuela desde hace años, ha sido puesta de manifiesto en el último informe de Amnistía Internacional sobre la república gobernada por Nicolás Maduro, en el que se pone el acento no solo en el fracaso de las políticas de Estado, sino además en su responsabilidad para que continúe creciendo esta problemática.

“Las políticas que se han implementado durante años no solo han sido ineficaces en términos de reducción de la violencia, sino que además han ignorado los límites que imponen los derechos humanos, en especial en lo relativo al uso de la fuerza y el respeto del derecho a la vida y a la integridad de las personas”.

Así lo pone de manifiesto este trabajo titulado Esto no es vida. Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela. Amnistía sostiene que el Estado venezolano “además de fallar en su obligación de garantizar y proteger el derecho a la vida y a la integridad personal, cuando durante décadas ha implementado políticas ineficaces en la reducción de violencia, viola los derechos humanos cuando reacciona a la violencia con más violencia”.

Y es que, según esta ONG, la respuesta del Estado a la inseguridad ha estado marcada por el uso excesivo de la fuerza, ,“en algunos casos abusivo y totalmente innecesario”, que derivan en muchas ocasiones en “actos especialmente violentos en los que se cometen graves violaciones de derechos humanos”.

Amnistía Internacional destaca además que los funcionarios del Estado, “guiados por una racionalidad militar, han empleado la fuerza de forma abusiva y excesiva con regularidad y, en algunos casos, de manera letal e intencionada en el marco de los operativos de seguridad”.

Además, subraya que esta política de represión violenta de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tiene un trasfondo también sociológico, si se tiene en cuenta que estos operativos se concentran principalmente en zonas urbanas marcadas por la pobreza. “La evidencia recolectada en este informe concluye que las víctimas de la violencia armada en Venezuela son preponderantemente hombres jóvenes en situación de pobreza”.

Así las cosas, advierte desde esta organización internacional que trabaja en pro de los derechos humanos que “la estigmatización y discriminación pone en evidencia una política del Estado venezolano de criminalización social de la pobreza y de control social por parte de las autoridades, que pone a su vez en mayor riesgo de exclusión a estas personas y sus familias”.

Amnistía da una vuelta más de tuerca y señala que existe un respaldo de las autoridades al uso “intencionalmente letal de la fuerza y a la práctica de ejecuciones extrajudiciales, cuyas víctimas en su mayoría son hombres jóvenes en situación de pobreza”.

Otro de los asuntos destacados en este informe es la incapacidad del Estado para controlar la tenencia de armas. Un informe recogido por el estudio de Amnistía habla de la existencia en 2017 de 5,9 millones de armas cortas en Venezuela.

Fuente: Diario de Avisos

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